EQUIPO DE CONFIANZA

Los actos ADMINISTRATIVOS no simpre son válidos

A priori todos los actos de las Administraciones Públicas se presumen válidos, pero se trata de una presunción “iuris tantum” pudiéndose probar lo contrario puesto que el acto puede haberse generado infringiendo el propio ordenamiento jurídico. Nos encontraríamos en estos caso que el acto administrativo podría ser inválido (ante la presencia de vicios de importancia) o irregular (los vicios son de poca entidad). En los caso de posible invalidez se presenta las figuras jurídicas de nulidad y anulabilidad con las importantes diferencias que se plantean entre ambas que se extienden hacia sus propios efectos. Pero cuando nos indica la normativa que estamos ante una u otra;  El artículo 62.1 LRJPAC  explicita los actos administrativos nulos

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c. Los que tengan un contenido imposible.

d. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

El artículo 63 LRJPAC establece una fórmula general para los anulables:

 “Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder”

De este modo estas infracciones que puede llevar a la anulabilidad de un acto administrativo son muy variadas, complicando su detección por las empresas y ciudadanos afectados.

www.abogadosjjf.com

Share

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *