EQUIPO DE CONFIANZA

Las personas jurídicas ya tienen responsabilidad penal

Ha sido una constante en nuestro ordenamiento jurídico  la inexistencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, puesto que este tipo de responsabilidad solo se había establecido de las personas físicas, las cuales se  entendía que como tales podían cumplir las penas propias del derecho penal fundamentadas en la privación de la libertad, como todos bien conocemos. No obstante el  art. 31 bis del código penal, tras la reforma que entro plenamente en vigor en la fecha reciente de  22 de diciembre de 2011, ha establecido  la posibilidad de la responsabilidad penal también en las personas jurídicas.

Si no podemos llevarlas a la cárcel, ¿cuales son entonces las penas que se pueden imponer a  las personas jurídicas?

 Las penas establecidas para las personas jurídicas pueden ser dependiendo de cada caso:

 Multas; disolución de la persona jurídica; suspensión de sus actividades; clausura de sus locales y establecimientos; prohibición de realización de actividades; Inhabilitación para la obtención de beneficios ante organismos públicos; intervención judicial de la administración de la persona jurídica.

Así como la responsabilidad civil que pueda derivarse de la comisión del delito.

¿Que delitos pueden cometer las personas jurídicas?

Obviamente son delitos tipificados en nuestro código penal y son los relativos a:

 -Trata de seres humanos; prostitución y corrupción de menores descubrimiento y revelación de secretos; estafa, incluídas las procesales; insolvencias punibles; daños; recepción y blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; sobre la ordenación del territorio; contra los recursos naturales y del medio ambiente; relativos a las radiaciones ionizantes; de riesgo por explosivos y otros agentes; cultivo elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje; cohecho; tráfico de influencias; corrupción en transacciones comerciales internacionales; organizaciones y grupos criminales; terrorismo.

Lejos de entrar a debatir entre lo procedente de esta nueva regulación, es de resaltar, que nos encontramos ante un nuevo ejemplo del poder de atracción que se esta produciendo en estos momentos en nuestro país por el derecho penal, frente a otras ramas de nuestro ordenamiento jurídico.

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